Por: Eduardo Aristizábal Peláez
En Colombia, la seguridad ciudadana se ha convertido en el eje más visible de la comunicación pública del poder. Lo que podría ser un compromiso legítimo con la vida y el orden se ha transformado en una narrativa de confrontación permanente; se promete perseguir la delincuencia en todas sus modalidades, se instala la idea de un Estado que no negocia y no duda, y se eleva la fuerza al centro del relato político.
El problema no es la prioridad por reducir la violencia ni la obligación del gobierno de garantizar el orden, el problema aparece cuando la seguridad deja de ser una política pública y pasa a ser un estilo de gobierno, una estética de autoridad y una señal de que el Estado se define principalmente por la capacidad de imponer. Cuando la imagen del presidente se construye como la de un jefe casi policía, más orientado a la vigilancia que al gobierno, se borra una distinción esencial, el mandatario no debe ser un agente del patrullaje; debe ser el garante de derechos, el conductor de instituciones y el arquitecto de soluciones sostenibles.
Gobernar no es solo ordenar, Gobernar es crear condiciones: empleo, educación, oportunidades reales; es fortalecer la justicia, es prevenir la violencia, es diseñar políticas que reduzcan el crimen desde sus causas, no únicamente desde sus síntomas y sobre todo, es asumir que el uso de la fuerza solo puede ser legítimo cuando está enmarcado por la ley, controlado y limitado por la institucionalidad democrática.
Cuando un gobierno convierte la lucha contra el delito en un marco total, hasta el punto de que la política pública se reduce a mano dura y cero tolerancia, como eslogan, tiende a ocurrir lo de siempre, se desplaza el enfoque de la prevención a la reacción, de la justicia al castigo ejemplar, de la reparación a la imposición. La consecuencia, incluso cuando se logran cifras de arrestos o incautaciones, puede ser un efecto acumulativo y destructivo, erosión de derechos, normalización del abuso y pérdida de confianza social en las instituciones.
La historia latinoamericana ofrece advertencias claras. En distintos países de la región, gobiernos que hicieron de la seguridad un discurso militarizado o excesivamente punitivo cosecharon resultados nefastos, no solo por el daño humano, sino porque el Estado termina desordenándose moral y jurídicamente. Cuando el poder insiste en que el fin justifica cualquier método, la democracia se vuelve frágil y cuando la política se mide por la contundencia y no por la legalidad, los abusos dejan de ser episodios y se vuelven patrones.
Hay un hilo conductor, la seguridad usada como propaganda suele venir acompañada de tres señales. Primero, la reducción del conflicto social a un problema policial, segundo, la desconfianza sistemática hacia la protesta, la oposición y los mecanismos de control ciudadano, tercero, la tendencia a blindar decisiones con el argumento de la emergencia permanente, lo cual dificulta la rendición de cuentas.
Colombia merece algo distinto, una política de seguridad que no dependa del espectáculo de autoridad, sino del fortalecimiento del Estado en su conjunto. Una estrategia que integre justicia y prevención, que respete el debido proceso, que mida resultados con transparencia y que no convierta la represión en una forma de gobernar. Si el gobierno quiere recuperar credibilidad, debe demostrar que su prioridad es la vida y la dignidad, no la imagen de mando, de sheriff.
Por eso, no condenamos la existencia de la autoridad, condenamos el método cuando se vuelve ideología, cuando la fuerza se transforma en identidad política y la promesa de seguridad se utiliza para justificar atajos. La verdadera seguridad no es la que se exhibe, es la que se construye con instituciones robustas, con control democrático y con respeto irreductible a los derechos humanos.
Colombia no necesita un sheriff de propaganda, necesita un presidente que gobierne para todos, con firmeza legal, con prevención real y con el compromiso de que el orden se logra sin sacrificar la democracia.