Por: Eduardo Aristizábal Peláez
Las quejas de ciudadanos que denuncian vulneraciones de sus derechos por parte de miembros del Ejército y de la Policía no pueden ser ignoradas. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 2º., establece que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. El artículo 217º. recuerda que las Fuerzas Militares existen para la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad del territorio; y el 218º. señala que la Policía Nacional tiene como fin primordial el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas.
La jurisprudencia constitucional ha reiterado que el uso de la fuerza debe ser proporcional, razonable y estrictamente necesario. La doctrina insiste en que el poder público se ejerce como servicio, no como privilegio. El principio de dignidad humana, consagrado en el artículo 1º. de la Carta, es el faro que debe guiar toda actuación de quienes portan las armas de la República.
Pero este debate no puede limitarse a los agentes en terreno. La responsabilidad última recae en el Presidente de la República, quien, según el artículo 189º. de la Constitución, es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y tiene a su cargo la conservación del orden público en todo el territorio nacional. No se trata de un poder discrecional, sino de un deber constitucional: garantizar que Ejército y Policía actúen dentro de los límites de la ley, respetando los derechos fundamentales y fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones.
El Presidente no puede delegar sin control ni permitir que la fuerza pública se convierta en instrumento de intimidación. Su responsabilidad es doble: política y jurídica. Política, porque debe responder ante la Nación por la conducta de quienes ejercen la fuerza en su nombre; jurídica, porque cualquier exceso tolerado erosiona la legitimidad del Estado y puede derivar en responsabilidad internacional por violaciones de derechos humanos.
Este comentario no busca deslegitimar a las instituciones, sino recordarles que su grandeza radica en la confianza ciudadana. Cuando esa confianza se erosiona por abusos o excesos, la democracia se debilita. Por ello, es urgente que las autoridades escuchen las quejas, investiguen con rigor y sancionen con justicia, reafirmando que el uniforme es símbolo de protección y no de temor.
La reacción positiva que se espera de las autoridades, y en especial del Presidente, es clara: reconocer las fallas, corregirlas y reafirmar públicamente que en Colombia la fuerza pública está al servicio de la ciudadanía y no por encima de ella. Solo así se honra el mandato constitucional y se fortalece el pacto democrático que nos une.