Por: Eduardo Aristizábal Peláez.
Colombia, tras casi dos siglos de hegemonía de gobiernos de corte conservador o liberal con predominio de la derecha, eligió en 2022 a Gustavo Petro como el primer presidente de tendencia progresista. Este giro histórico desató una oposición intensa, que, en lugar de limitarse al debate democrático, ha recurrido a mecanismos de deslegitimación que ponen en riesgo la institucionalidad.
Este cambio de paradigma desató una oposición que, más allá del debate democrático, ha recurrido a la instrumentalización del derecho penal como estrategia de desgaste político.
En la Comisión de Acusación de la Cámara reposan más de 30 investigaciones penales y disciplinarias contra Petro, muchas de ellas por injuria y calumnia, sin pruebas sólidas ni trascendencia judicial.
La senadora María Fernanda Cabal interpuso una denuncia por supuestos nexos del gobierno con disidencias de las FARC, acusación que no ha prosperado en instancias judiciales.
En 2025 se radicaron nuevas denuncias por injuria y calumnia, sumándose a la cascada de procesos que rara vez llegan a condena.
Varios colaboradores cercanos al presidente han enfrentado procesos judiciales, lo que amplifica la percepción de un gobierno acorralado por la justicia, aunque muchas de estas investigaciones terminan sin resultados concluyentes.
El uso de denuncias sin pruebas suficientes convierte a la justicia en un campo de batalla político, debilitando su credibilidad.
En lugar de confrontar ideas y programas, la oposición recurre a la descalificación personal y a la judicialización, lo que empobrece la democracia.
Si se normaliza este mecanismo, cualquier gobernante futuro podría ser objeto de persecución judicial sin sustento, perpetuando un círculo vicioso de deslegitimación.
El derecho penal, concebido para proteger bienes jurídicos fundamentales, no puede ser degradado a instrumento de lucha política. La oposición legítima debe ejercerse en el terreno de las ideas, la fiscalización seria y el control institucional, no en la proliferación de denuncias infundadas que desgastan al Estado y confunden a la ciudadanía.
Colombia enfrenta el reto de consolidar una democracia madura, donde la crítica sea firme pero honesta, y donde la justicia no sea usada como arma de mala fe. La historia juzgará no solo a los gobernantes, sino también a las oposiciones que, en su afán de poder, olvidan que la lealtad a la verdad es el fundamento de toda convivencia democrática.
Se han radicado denuncias por financiación irregular y otras imputaciones que, en su mayoría, carecen de pruebas sólidas y terminan archivadas.
El propio presidente ha denunciado intentos de “golpe antidemocrático” mediante decisiones judiciales que buscan limitar la participación política de su movimiento.
El lawfare se define como el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de adversarios.
Doctrinalmente, se reconoce como una forma de “guerra jurídica” que combina procesos judiciales con campañas mediáticas, afectando el debido proceso y la igualdad jurídica.
El derecho penal, concebido como ultima ratio, pierde legitimidad cuando se convierte en un instrumento de lucha política.
La doctrina advierte que el lawfare erosiona el principio de igualdad jurídica y afecta la confianza ciudadana en la justicia como árbitro imparcial.
En Colombia, la multiplicación de denuncias contra Petro refleja un patrón regional: la justicia como campo de batalla político, más que como garante de derechos.
La oposición legítima debe ejercerse en el terreno de las ideas, la fiscalización seria y el control institucional. Convertir la justicia en un arma de mala fe degrada la democracia y perpetúa un círculo vicioso de deslegitimación. La lealtad a la verdad y al debido proceso es el fundamento de toda convivencia democrática.
Colombia enfrenta el reto de evitar que el derecho penal se convierta en un instrumento de persecución política. El fenómeno del lawfare, ya documentado en América Latina, amenaza con consolidarse si no se fortalecen las garantías procesales y se promueve un debate político honesto. La historia juzgará no solo a los gobernantes, sino también a las oposiciones que, en su afán de poder, olvidan que la democracia se construye sobre la verdad y la justicia.