En un comunicado de prensa la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas reconoce que garantizar mejores ingresos a los trabajadores es un principio de justicia social para el desarrollo sostenible; sin embargo, un aumento del 23,7 % en el salario mínimo para 2026 podría generar mayores presiones inflacionarias -en un entorno macroeconómico ya con una inflación por encima de la prevista por el Banco de la República-, reducir el poder adquisitivo de los hogares, aumentar eventualmente la pobreza monetaria, elevar los costos empresariales y poner en riesgo la formalidad laboral.
Manizales y su área metropolitana ha logrado avances y recuperaciones relevantes en su mercado laboral. En el tercer trimestre de 2025, registró una tasa de ocupación del 58,1 %, desempleo del 8,2 % e informalidad del 36,2 %, muy por debajo del promedio nacional del 55,4 %, reflejo de un tejido empresarial mayoritariamente formal.
En esta misma zona, el 61 % del empleo es generado por empresas privadas y el 83 % es formal. En este contexto, un incremento salarial de la magnitud del decretado podría frenar la creación de empleo, congelar vacantes o generar ajustes en la ocupación, con mayor impacto en jóvenes y trabajadores de menor calificación, señala el pronunciamiento.
La Cámara evaluará con la red cameral nacional y Confecámaras, los impactos según el tamaño de las empresas y formulará una batería de propuestas orientadas a fortalecer la formalidad y la productividad, especialmente para apoyar en nuestro territorio a las MyPimes donde se concentrarán las mayores presiones.
Pronunciamiento del Comité Intergremial de Caldas
Por su parte el Comité Intergremial de Caldas consideró que el aumento del 23,7 % afectará la generación de empleo formal, la sostenibilidad de las MiPymes y la competitividad regional. Reiteramos un principio básico: mejorar el ingreso de los trabajadores es legítimo y necesario.
En un comunicado de prensa el comité señala además que un ajuste de esta magnitud, definido por decreto y desconectado de la productividad y de la capacidad real de pago del tejido empresarial, puede convertirse en una medida regresiva que promete alivio, pero que terminará generando inflación, disminución del empleo formal y mayor fragilidad económica en las regiones.