La viabilidad del sector comercializador y exportador de oro en Colombia, así como los empleos de miles de trabajadores que participan en la cadena de valor de la minería formal, estarían en riesgo si se concreta el proyecto de Decreto del Gobierno que aumenta las tarifas de autorretención y bases mínimas para practicar retención en la fuente en el país.
El Gobierno Nacional propone, con un alto desconocimiento de esta actividad y sus impactos, que las compras de oro pasen de una tarifa de retención del 1 % al 2,5 %, lo que representa un aumento del 150 %. Adicionalmente, se propone una tasa de autorretención para la extracción de oro y otros metales preciosos del 4,5 %, lo cual representa un total del 7 % por estos dos conceptos.
“Rechazamos un incremento injustificado y desproporcionado que desconoce la realidad de la actividad comercializadora de oro, poniendo en riesgo la viabilidad de una actividad que permite, a través de procesos transparentes, generar divisas y facilitar la exportación del mineral producido por pequeños mineros, así como por medianas y grandes empresas dedicadas a esta actividad”, manifestó César Díaz Guerrero, vocero de las principales comercializadoras internacionales de oro del país.
El proyecto de Decreto incentivaría la minería ilegal e informal, ya que impacta directamente la liquidez de las empresas mineras formales, las cuales tendrían que destinar hasta el 7 % de su caja en retenciones fiscales. Se trata de una carga muy compleja para las finanzas de cualquier industria y que, en la práctica, no solo pone en riesgo la sostenibilidad de las empresas, sino que representaría un incentivo a lainformalidad.
Además, el impacto sería aún más crítico al considerar que muchas comercializadoras tendrían que acudir al sector financiero para sostener sus operaciones. Sin embargo, esto es completamente inviable, dado que los márgenes actuales del sector son inferiores al 1,5 % y no permiten absorber costos financieros adicionales. Es decir, no existe capacidad para asumir ningún tipo de incremento sin comprometer la rentabilidad y sostenibilidad del negocio. Esto implicaría un riesgo inminente de desfinanciamiento de la cadena legal de comercialización del oro.
“Se afectan las comercializadoras internacionales que han sido un gran aliado del Gobierno Nacional en procesos de formalización y en la búsqueda de mejores condiciones para los pequeños mineros. Se trata de un sector generador de divisas,¿ enmarcado en procesos con trazabilidad y transparencia, en alianza con entidades financieras. Medidas como esta promueven aún más la alta informalidad que existe en el sector”, anotó Díaz Guerrero.
El impacto también recaería sobre los pequeños y medianos mineros que ejercen su actividad dentro de la legalidad, pues el modelo de retención propuesto resulta doblemente gravoso: deben asumir una retención al vender a las comercializadoras y, a la vez, ejecutar una autorretención al momento de facturar. Este doble gravamen desincentiva el cumplimiento normativo y hace económicamente inviable mantenerse dentro del marco legal, favoreciendo mecanismos informales o clandestinos de comercialización, indica en un boletín de prensa la Agencia de Comunicaciones Value