En respuesta a las necesidades derivadas luego de tres meses del sismo la Gobernación de Caldas articula esfuerzos con las administraciones municipales, el Gobierno nacional y diferentes organizaciones para brindar acompañamiento a las comunidades damnificadas.
Paola Andrea Loaiza, secretaria de Medio Ambiente de Caldas, destacó el trabajo articulado para acompañar a las familias afectadas y avanzar hacia la recuperación del departamento.
“Desde la Secretaría de Medio Ambiente, en articulación con la Jefatura de Gestión del Riesgo, venimos trabajando y atendiendo a las familias afectadas, al igual que el trabajo articulado tanto con los municipios, el sector institucional, el sector privado, el sector académico y el Gobierno nacional. En esta fase hablamos no solamente de la atención temprana o esa respuesta temprana, sino también que entramos en la fase de la recuperación del departamento posterremoto”, señaló Loaiza.
Una de las principales medidas ha sido el apoyo a las familias cuyas viviendas quedaron destruidas o fueron declaradas no habitables. Para ellas, la Gobernación de Caldas destinó 1.108 millones de pesos para financiar 1.354 subsidios de arrendamiento en 17 municipios: Pensilvania, Samaná, Filadelfia, Neira, Anserma, Manzanares, Aranzazu, Palestina, Risaralda, Belalcázar, Salamina, Riosucio, Chinchiná, Aguadas, San José, Villamaría y Viterbo. Los recursos fueron transferidos a las alcaldías, encargadas de adelantar los pagos a las familias priorizadas.
De manera complementaria, el Gobierno nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, implementó un apoyo temporal económico para los hogares cuyas viviendas resultaron destruidas o no habitables.
Según el reporte de SuperGiros, con corte al 30 de octubre, 3.111 de los 3.827 giros programados fueron cobrados, por un valor superior a 2.945 millones de pesos, lo que representa una efectividad de cobros aproximada del 81 % en el primer proceso de pagos, correspondiente al registro de damnificados con corte al 24 de agosto.
Recuperar los hogares y retomar la cotidianidad
Otro de los componentes fundamentales del proceso de adaptación ha sido la atención de las viviendas que sufrieron afectaciones parciales y que requieren intervenciones para recuperar sus condiciones de habitabilidad.
La Gobernación destinó 5.245 millones de pesos en materiales de construcción, herramientas e insumos de ferretería. De acuerdo con el balance departamental, se reporta la atención de 1.259 familias en 26 municipios, mediante acciones orientadas a la recuperación de sus hogares.
Paralelamente, el departamento ha reportado la entrega de 26.761 unidades de ayudas humanitarias, entre alimentos, elementos de aseo, frazadas, tejas, plásticos y otros insumos esenciales, además de 1.237,5 kilogramos de alimento para animales.
A estas acciones se suma un contrato por 1.325 millones de pesos para el suministro de kits alimentarios y de aseo destinados a 6.400 familias, cuya recepción y posterior distribución se coordina desde el Centro Logístico Humanitario.
Demoliciones reportadas por los municipios
Como parte del proceso de recuperación, las administraciones municipales han reportado demoliciones de estructuras afectadas por el sismo, así como intervenciones pendientes de ejecución.
De acuerdo con el consolidado municipal, se registran los siguientes reportes: Aguadas, 3 demoliciones; Anserma, 5; Aranzazu, 3; Belalcázar, 6; Chinchiná, 1 realizada y otras pendientes; Filadelfia, 1 demolición parcial; Manizales, demolición de 21 estructuras; Neira, 4; Pácora, 1; Palestina, 9; Pensilvania, 4 realizadas y 14 pendientes y autorizadas mediante acto administrativo; Riosucio, 1 realizada y 4 autorizadas aún no demolidas; Salamina, 1 demolición parcial; y Viterbo, 3.
En el caso de Risaralda, el consolidado señala que no se cuenta con información. Los demás municipios que registran cero demoliciones son La Dorada, La Merced, Marmato, Marquetalia, Norcasia, Samaná, San José, Supía, Victoria y Villamaría. Para Manzanares y Marulanda no se consigna una cifra en el cuadro suministrado.
El acompañamiento emocional también hace parte de la recuperación
Las consecuencias del sismo no se limitan a los daños materiales. El temor ante nuevos movimientos, los cambios en las dinámicas familiares y la incertidumbre frente al futuro también hacen parte de las situaciones que enfrentan las comunidades.
La Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas ha desarrollado talleres de recuperación emocional en Aranzazu, Risaralda, La Merced, Villamaría, Riosucio y Marmato.
Estos espacios han permitido brindar herramientas para afrontar las experiencias relacionadas con la emergencia e identificar personas que requieren atención especializada, mediante remisiones gestionadas con el apoyo del Colegio Colombiano de Psicólogos y la Universidad Católica Luis Amigó.
Asimismo, en articulación con la Fundación Saldarriaga Concha y Colpsic, se impulsa la estrategia Comunidades Educativas Resilientes, orientada al acompañamiento psicosocial de estudiantes, docentes y familias de instituciones educativas rurales de Chinchiná, Belalcázar, Riosucio y Aranzazu.
El propósito es fortalecer las capacidades emocionales y comunitarias para que los procesos de recuperación también contemplen el bienestar de las personas.
De las soluciones temporales a la recuperación definitiva
Mientras las familias avanzan en su adaptación, el departamento también trabaja en proyectos que permitan ofrecer soluciones de vivienda a mediano y largo plazo.
En articulación con Argos, mediante el programa Adopta un Hogar, se adelanta un convenio para construir 10 viviendas en Neira, con una inversión prevista de 1.110 millones de pesos. Para 2027 se proyectan otras 90 viviendas, sujetas a la estructuración de la iniciativa.
Adicionalmente, se contempla la contratación de 29 viviendas nuevas rurales en San José, Belalcázar, Viterbo, Neira y Manzanares. También se remitió al Ministerio de Vivienda información sobre 3.073 viviendas rurales afectadas, como parte de las gestiones para posibles mejoramientos.
La recuperación incluye igualmente infraestructura de uso comunitario. En Riosucio se adelanta un estudio de vulnerabilidad sísmica de la plaza de mercado, mientras avanzan convenios para la atención del Centro de la Música y las Artes y el Centro Cultural Angaska, así como gestiones de estudios y diseños para instituciones educativas en San José y Belalcázar.