Por: Eduardo Aristizábal Peláez.
Hay una distancia insalvable entre el estrado judicial y el teatro de operaciones policivo, una frontera que separa la justicia de la arbitrariedad. Cuando un profesional del derecho y especialmente un abogado penalista, asume la magistratura suprema de una nación, se presupone que comprende con rigor las bases del Estado de derecho y las garantías mínimas que este exige, incluso para el más detestable de los indiciados. Por ello, resulta desconcertante y alarmante presenciar al presidente abandonar los contrapesos institucionales de su cargo para desempeñar el papel de un justiciero callejero.
Un presidente de la República encabeza el Poder Ejecutivo; no es juez, no es fiscal, ni mucho menos un agente de aprehensión. Su legitimidad democrática descansa en la dirección de las políticas públicas y en el respeto estricto a la separación de poderes. Sin embargo, la reciente estampa del primer mandatario recorriendo las calles, con revólver al cinto y en compañía de la fuerza pública, buscando presuntos implicados para encararlos, desafiarlos e insultarlos públicamente, perturba por completo el orden republicano.
La paradoja es doblemente grave si se analiza desde la formación jurídica del propio mandatario. Quien ha ejercido la defensa penal sabe, o debe saberlo, que el respeto a la dignidad del ser humano, sea indiciado, imputado, acusado o condenado, es el termómetro que mide la salud democrática de una sociedad. La ley penal no existe para saciar el apetito de escarnio público ni para validar juicios sumarios ejecutados al calor de las cámaras y el aplauso fácil. El debido proceso, la presunción de inocencia y freno al abuso del poder estatal, no son concesiones del gobernante de turno, sino murallas constitucionales levantadas contra el poder absoluto.
Convertir el ejercicio del poder en un espectáculo de beligerancia verbal no solo erosiona la investidura presidencial, rebajándola al terreno del enfrentamiento personal, sino que vulnera evidentemente los derechos fundamentales de los detenidos. La investidura de un jefe de Estado exige moderación, solemnidad y, sobre todo, un apego inquebrantable a la ley. El país no necesita gobernantes que actúen como comisarios de película del Lejano Oeste, sino estadistas capaces de comprender que la autoridad moral de un presidente nace precisamente de su contención, de su respeto por los cauces institucionales y de su celo en la defensa de las garantías de todos los ciudadanos, sin excepciones.
La justicia que se ejerce a gritos y con revólver al cinto deja de ser justicia para convertirse en venganza. Y un presidente que desafía a los ciudadanos desde la cúspide del poder no hace más que renunciar a su deber esencial: garantizar la concordia y el imperio de la ley.